La idiotez del momento en este país de charanga y pandereta es la ocurrencia de Esperanza Aguirre de suspender la final de copa del rey de fútbol, a celebrar el próximo viernes, en caso de que los silbidos del público arrecien en el momento de sonar el himno nacional. La majadería es kilométrica, hasta dentro de su partido hay quien la objeta y despide un tufo a cortina de humo para que no se hable del déficit oculto de la CAM que ni les cuento. Pero como este es un país donde las vísceras casi siempre predominan sobre la sesera hay quien cuestiona en positivo la idea. Vamos, que consideran que una pitada masiva contra el himno, la bandera o el rey es una ofensa nacional que merecería alguna respuesta institucional o incluso penal.
Me sueltan el argumento siguiente: la bandera, el himno y el jefe del Estado nos representan a todos, por tanto ofenderlos a ellos comporta ultrajar a millones de compatriotas. Es cierto que hay leyes que sobreprotegen los símbolos nacionales, la jefatura del Estado o las creencias religiosas, pero no es menos cierto que suponen privilegios de origen democrático más que dudoso y pueden ocultar sesgos intencionales de marcado tinte ideológico e incluso totalitario. Veamos:
1. Su divina majestad
La insistencia en la opacidad de las cuentas reales y el artículo 56.3 de la Constitución, que exime al jefe del Estado de responsabilidad penal y convierte a su persona en "inviolable", tienen sentido si incidimos en que el Borbón accedió al trono por decisión de alguien de tan sólida legitimidad democrática como el dictador Francisco Franco. Era cuestión de continuar con la sana tradición, supongo. Por no decir que un especial tratamiento legal es un modo de perpetuar de alguna manera el aura de divinidad que históricamente ha rodeado a un entronado en cualquier parte del mundo hasta no hace tantas décadas. Todo muy acorde con los tiempos que corren, como pueden observar. ¿Hasta cuando vamos a seguir aguantando normativas que parecen extraídas el túnel del tiempo?
2. Los valores nacionales en un trapo de colores y una tonadilla
Enlazando con lo anterior, los ultrajes a la bandera o al himno están tipificados en el artículo 453 del Código Penal. Sin embargo, para la justicia hasta el momento ha prevalecido el derecho a la libertad de expresión cuando esta cuestión ha estado sobre la mesa. De tal modo, la lógica democrática nos dice que la jurispridencia se tendría que imponer a una tradición especialmente influenciada por la disciplina militar. Dado que se supone que vivimos en un Estado de derecho basado en reglas jurídicas, la obsolescencia del 453 quedaría evidenciada dejando solo espacio para su eliminación. Choca, empero, la distinta percepción que Esperanza Aguirre tenía de la libertad de expresión cuando su partido no copaba el poder absoluto como pasa ahora. Sí, en efecto, qué puta es la hemeroteca.
3. No blasfemes que me cabreo
En cuanto a los sentimientos religiosos, están protegidos por el artículo 525 del Código Penal, el cual fue introducido por el PSOE en su reforma de 1995 y es heredero directo del franquista delito de basfemias, derogado en 1988. Hablé de ello en una entrada de abril de 2011. Me autocito:
Pero como decía más arriba, en España parece que ansiamos que nos agiten un trapo para rápidamente correr a embestirlo. La apelación a los instintos básicos, porque la rajada de Aguirre no es otra cosa, en este caso al patriotismo más primitivo, pone nuevamente de actualidad el genio de George Orwell. 1984 debería ser objeto de lectura y análisis obligado en todos los institutos públicos, tal es la semejanza de lo escrito en sus páginas con parte de la la realidad actual. No puedo resistirme a volver a citar este fragmento que ya traje al blog en marzo de 2011:
Me sueltan el argumento siguiente: la bandera, el himno y el jefe del Estado nos representan a todos, por tanto ofenderlos a ellos comporta ultrajar a millones de compatriotas. Es cierto que hay leyes que sobreprotegen los símbolos nacionales, la jefatura del Estado o las creencias religiosas, pero no es menos cierto que suponen privilegios de origen democrático más que dudoso y pueden ocultar sesgos intencionales de marcado tinte ideológico e incluso totalitario. Veamos:
1. Su divina majestad
La insistencia en la opacidad de las cuentas reales y el artículo 56.3 de la Constitución, que exime al jefe del Estado de responsabilidad penal y convierte a su persona en "inviolable", tienen sentido si incidimos en que el Borbón accedió al trono por decisión de alguien de tan sólida legitimidad democrática como el dictador Francisco Franco. Era cuestión de continuar con la sana tradición, supongo. Por no decir que un especial tratamiento legal es un modo de perpetuar de alguna manera el aura de divinidad que históricamente ha rodeado a un entronado en cualquier parte del mundo hasta no hace tantas décadas. Todo muy acorde con los tiempos que corren, como pueden observar. ¿Hasta cuando vamos a seguir aguantando normativas que parecen extraídas el túnel del tiempo?
2. Los valores nacionales en un trapo de colores y una tonadilla
Enlazando con lo anterior, los ultrajes a la bandera o al himno están tipificados en el artículo 453 del Código Penal. Sin embargo, para la justicia hasta el momento ha prevalecido el derecho a la libertad de expresión cuando esta cuestión ha estado sobre la mesa. De tal modo, la lógica democrática nos dice que la jurispridencia se tendría que imponer a una tradición especialmente influenciada por la disciplina militar. Dado que se supone que vivimos en un Estado de derecho basado en reglas jurídicas, la obsolescencia del 453 quedaría evidenciada dejando solo espacio para su eliminación. Choca, empero, la distinta percepción que Esperanza Aguirre tenía de la libertad de expresión cuando su partido no copaba el poder absoluto como pasa ahora. Sí, en efecto, qué puta es la hemeroteca.
3. No blasfemes que me cabreo
En cuanto a los sentimientos religiosos, están protegidos por el artículo 525 del Código Penal, el cual fue introducido por el PSOE en su reforma de 1995 y es heredero directo del franquista delito de basfemias, derogado en 1988. Hablé de ello en una entrada de abril de 2011. Me autocito:
El ataque verbal contra las ideologías es un derecho, sea el caso del cristianismo, el islam, el comunismo o el liberalismo. El artículo 525 es una embestida contra el derecho a la libre expresión. Es un privilegio otorgado al credo católico y deja en papel mojado la presunta aconfesionalidad estatal de la que habla la Constitución. Si a ello le añadimos el concordato firmado con el Vaticano, aún vigente y que regula diferentes aspectos de las relaciones Iglesia-Estado, lo que nos queda es un pobre simulacro de Estado aconfesional, una impostura. Un fraude.En resumen, un blindaje que asegura a la creencia irracional y sectaria un trato de favor por parte de las administraciones que son de todos y un permanente agravio hacia quienes intentan que su vida esté dictada por la razón, el libre discernimiento y la neutralidad ideológica en el espacio público.
Pero como decía más arriba, en España parece que ansiamos que nos agiten un trapo para rápidamente correr a embestirlo. La apelación a los instintos básicos, porque la rajada de Aguirre no es otra cosa, en este caso al patriotismo más primitivo, pone nuevamente de actualidad el genio de George Orwell. 1984 debería ser objeto de lectura y análisis obligado en todos los institutos públicos, tal es la semejanza de lo escrito en sus páginas con parte de la la realidad actual. No puedo resistirme a volver a citar este fragmento que ya traje al blog en marzo de 2011:
El duro trabajo físico, el cuidado del hogar y de los hijos, las mezquinas peleas entre vecinos, el cine, el fútbol, la cerveza y, sobre todo, el juego, llenaban su horizonte mental. No era difícil mantenerlos a raya. Unos cuantos agentes de la Policía del Pensamiento circulaban entre ellos, esparciendo rumores falsos y eliminando a los pocos considerados capaces de convertirse en peligrosos; pero no se intentaba adoctrinarlos con la ideología del Partido. No era deseable que los proles tuvieran sentimientos políticos intensos. Todo lo que se les pedía era un patriotismo primitivo al que recurrir en caso de necesidad para que trabajaran horas extraordinarias o aceptaran raciones más pequeñas. E incluso cuando entre ellos cundía el descontento, como ocurría a veces, era un descontento que no servía para nada porque, por carecer de ideas generales, concentraban su instinto de rebeldía en quejas sobre minucias de la vida corriente. Los grandes males ni los olían.Las leyes y normativas se adaptan a los tiempos y no al revés. Va siendo hora de dejar atrás legislaciones manifiestamente injustas o que atienden criterios obsoletos y moralidades caducas. Así, además, los comerciantes de demagogia no lo tendrán tan fácil para eludir sus responsabilidades y embaucar al ciudadano.
