El populismo de ZP

Estamos asistiendo en las últimas fechas a un aluvión de críticas dirigidas al ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero producto de las propuestas que están haciendo públicas en materia social. Se le está tachando de electoralista pese a que aún restan cerca de seis meses para que seamos convocados a las urnas, lo cual resulta sorprendente habida cuenta de que una legislatura dura cuatro años y la actividad gubernamental debe ocupar desde el primer hasta el último día. Ese punto de vista convertiría en electoralista toda iniciativa de calado social adoptada desde la misma toma de posesión del Gobierno, algo completamente absurdo. Otra cosa es que las medidas anunciadas por el Presidente y algunos de sus ministros sean de carácter populista, algo sobre lo que si merece la pena debatir.

Abrió el fuego de las propuestas sociales el propio Zapatero en el Debate sobre el Estado de la Nación, con lo que ya se ha dado en llamar cheque-bebé. Después se han sucedido anuncios tales como la ampliación del permiso de paternidad a un mes, aumento de las pensiones mínimas, una nueva subida del salario mínimo, asistencia bucodental gratuita para los niños entre siete y quince años para terminar (de momento) con el último y reconvertido plan de promoción de la vivienda de alquiler auspiciado por la ministra del ramo. Todo ello ha obligado a la oposición a contraatacar y a caer, según su propia lógica, en el mismo electoralismo que denuncia del Gobierno, pero dejemos a la oposición a un lado y centrémonos en quienes mandan.

Que un gobierno haga propuestas identificables como populistas, esto es, que busquen la rápida aceptación del votante seducido por la promesa de verse beneficiado por una medida, no es ni nuevo ni extraño, ni siquiera me parece lo peor de éste tipo de ofertas. Lo peor es que posteriormente esas promesas caigan en saco roto y no se cumplan, porque cargar de esperanza a ciudadanos para luego arrojarlos al pozo de la desilusión es de lo peor que puede hacer un gobernante.

En la naturaleza de toda iniciativa populista siempre existe el beneficio explícito para colectivos de ciudadanos más o menos numerosos. Tal fue la aprobación del matrimonio gay, modificación legislativa que afecta a un número pequeño de personas en relación con la población total y por la que se acusó a Zapatero de gobernar para las minorías. Pero ocurre que las minorías también forman parte de nuestra sociedad. Este sería un ejemplo de populismo que podríamos denominar light o inocuo, no dañino, ya que amplía derechos a quien carecía de ellos o los disfrutaba de forma parcial sin implicar menoscabo alguno de los derechos de la mayoría que no es objeto de la reforma, pese a que hubo quien trató de convencernos de lo contrario.

El populismo también suele observar con ligereza el soporte económico de todo aquello que propone. Sobre la batería de medidas anunciadas desde el Gobierno planea la duda de su viabilidad presupuestaria, o eso se nos quiere hacer llegar. Se critica el uso de fondos públicos para fomentar medidas de corte electoralista sin entrar en el fondo de las mismas cuando, precisamente, el mejor uso que se puede hacer del dinero público es revertirlo en los ciudadanos que previamente han llenado las arcas del Estado con sus impuestos. Personalmente, me cuesta mucho creer que un ministro con la cartera que sea plantee reformas que supongan grandes esfuerzos presupuestarios sin que el área económica del Gobierno esté informada. ¿Están, pues, haciendo un paripé? Lo contrario supondría una improvisación sonrojante, una exhibición de impudicia fácilmente demostrable con el transcurso de los meses. ¿A tanto se arriesga el Gobierno, con un plan de ayudas al alquiler (presente en su programa electoral, no lo olvidemos) que despega en ésta misma legislatura y cuyo fracaso transmitiría a la opinión pública su nula credibilidad a pocas fechas de unas elecciones generales?

El momento en que todo esto está ocurriendo no deja de tener su relevancia. El Gobierno apostó muy fuerte, demasiado, por el fin del terrorismo y perdió. Meses después del fin oficial de la tregua de ETA y tras el sensible descenso de votos globales en las pasadas elecciones autonómicas, el ejecutivo necesita algo que ofrecer a una ciudadanía que se alimenta en gran medida de titulares de prensa, se muestra desconocedora del resto de logros conseguidos en tres años y medio de legislatura y, en parte, ha sucumbido ante la virulenta y descarnada campaña de acoso y derribo por parte de la derecha política y mediática. Medidas sociales como las ya citadas, acompañadas por campañas institucionales del “Gobierno de España”, tratan de hacer remontar el vuelo en las encuestas al ejecutivo del PSOE. ¿Es ésto hacer electoralismo? A seis meses de las elecciones, repito, me parece absurdo siquiera intentarlo. El electoralismo es una forma de populismo enfocado a un objetivo muy concreto: ganar unas elecciones, y los mensajes de hoy pueden estar muertos y enterrados en el momento de votar dentro de seis meses, por lo que hacer ahora proclamas sobre lo que se hará en un curso político que aún no se tiene ganado me parece irresponsable y, ahora sí, electoralista.

Sin embargo, impulsar medidas nuevas en el último semestre no es otra cosa que cumplir con el normal desarrollo del mandato. La legislatura sigue su curso y a quien la comanda le asiste el derecho de culminarla como mejor le parezca, por mucho que escueza a sus detractores. Y si durante este tiempo presenta propuestas atractivas para el ciudadano, que la oposición las contrarreste con argumentos y no la misma demagogia que insiste en criticar.

¿Electoralismo? En algunos casos sí, es algo tradicional en la política española. ¿Populismo? Siempre, pero qué demonios, si viene acompañado de beneficios sociales para un buen número de españoles, adaptemoslo a la célebre canción de Luis Eduardo Aute: populismo, populismo, populismo, mas populismo por favor... Y que Dios coja confesado a ZP si luego no cumple.