El caso De Juana

Leyendo un artículo en el blog de Nacho Escolar sobre la situación a la que ha le llevado la huelga de hambre que mantiene el terrorista Ignacio de Juana Chaos, se me plantean algunas cuestiones de controvertida solución. En el foro de la misma bitácora he encontrado éste artículo de Andrés Boix que aún acrecienta más las dudas sobre éste particular.

Es cierto que, tal y como dice Escolar, es horrible que un criminal del calibre de De Juana salga a la calle en virtud de un Código Penal, con el que fue juzgado, excesivamente laxo como era el de 1973. Pero también lo es que un estado de derecho que se rige por reglas jurídicas busque subterfugios para mantener en prisión a quien, según sus propias leyes, ya debería haber sido puesto en libertad.

Ahora, ante el progresivo empeoramiento de su estado de salud, se plantea el debate de qué es lo que más conviene: si soltarle para evitar darle a ETA un mártir al que ensalzar y, de paso, otorgarle una victoria moral sobre el Estado o mantenerle preso para impedir la alarma social que supondría poner en circulación a un condenado a casi 3.000 años por la comisión de 25 asesinatos terroristas. El debate lo ha solucionado ya la Audiencia Nacional decidiendo por unanimidad mantener la prisión incondicional para el etarra.

Cabría señalar que ahora no está en prisión por esos 25 asesinatos, crímenes por los cuales ya ha cumplido condena, sino que está preso preventivamente y a la espera de la resolución de recurso presentado contra su condena de doce años por seis delitos de amenazas terroristas, todos ellos a causa de un par de artículos publicados en el diario abertzale Gara. Éste y éste. Sobre ellos, sólo diré que hay quien opina que se vierten más amenazas cada mañana desde la radio episcopal a cargo de quien todos conocemos.

Hay varios actores a los que mencionar en ésta compleja película. El primero es el propio De Juana, quien se benefició de una peculiar política de redenciones de penas que figuraba en el Código Penal del 1973, gracias a las cuales redujo su condena (fue detenido en enero de 1987) hasta que se le abrió la posibilidad de salir en libertad en febrero del pasado año.

Otro protagonista es su compañero de armas Henri Parot, etarra que dio nombre a una nueva doctrina del Tribunal Supremo (la doctrina Parot) mediante la cual se consigue que "la aplicación de las redenciones se haga sobre las condenas individuales impuestas, que en total suman 4.799 años, y no sobre el límite de cumplimiento de 30 años establecido en el Código penal de 1973". Sería muy discutible que pudiera aplicarse en éste o en otros casos a la luz del artículo 83b de la Constitución española, que prohíbe taxativamente la retroactividad de toda reforma legal.

Parot había conseguido que el Supremo ratificara su pretensión de acumular sus penas de forma que facilitara su puesta en libertad para el 2009. Fue el juez Grande-Marlaska quien dio al traste con sus propósitos al decretar una nueva imputación, independiente de aquellas por las que ya cumplía condena, por un delito de integración en banda armada a raíz de una carta donde, presuntamente, señalaba objetivos a ETA.

Después tenemos al ministro de justicia, Juan Fernando López Aguilar, que afirmó que las imputaciones que se construyeran para impedir la salida de prisión de terroristas, mencionando especialmente el caso de De Juana Chaos, estarían ajustadas a derecho. Aquí sería oportuno traer a colación el artículo implicado del Código Penal vigente de cuando se le condenó, pero no he sido capaz de encontrarlo.

Y siguiendo con la ristra de protagonistas, nos encontramos con la AVT de Paco Alcaraz, que al trascender la fecha de la posible puesta en libertad de Henri Parot montó uno de los números a los posteriormente que ya nos ha habituado, a cuentas de una inminente salida de prisión (de Parot y de otros) que nunca se produjo. Digno es de señalar que a éstos demócratas se les llena la boca con la palabra “Constitución” para, a continuación, reclamar la cadena perpetua para los terroristas, cosa que se sitúa fuera del ámbito que circunscribe la Carta Magna.

No hace falta ser un lince para percatarse de cómo la presión ejercida desde ésta asociación y la histriónica forma de trasladarla a la opinión pública, con la colaboración desinteresada pero necesaria del Partido Popular, fue, en mi opinión, uno de los detonantes de la doctrina Parot y de la subsiguiente construcción de una nueva causa contra De Juana por el ya mencionado delito de amenazas por los artículos de Gara.

En resumidas cuentas, a la situación en que nos encontramos hoy en relación con la polémica que rodea a la huelga de hambre de Iñaki de Juana y sus consecuencias políticas y sociales, nos ha llevado, en primer lugar, una oposición inmisericorde, tendenciosa hasta el vómito y embustera hasta decir basta. Incluyo en ella al apéndice llamado AVT que dirige el desquiciado Alcaraz y quizá debería también añadir a la radio de los obispos, pero como no soy su oyente asiduo no puedo tener constancia documental de tal extremo. Su persistencia en la mentira y en la insidia en todo lo relacionado a las excarcelaciones empujó al Gobierno a mover los hilos que a su alcance estaban para conseguir nuevas imputaciones con el fin de impedir que la imagen de "liberadores de terroristas" que los talibanes de la derecha intentaban trasladar a la opinión pública calara entre el ciudadano.

El Gobierno, timorato y temeroso de las encuestas, también ha tenido gran parte de culpa al no haber tenido suficiente empaque para aguantar las embestidas de la derecha talibán, y en especial de aquellos que se sirven de su condición de víctimas para buscar el apoyo y la simpatía colectivas para encauzarlos hacia a su campaña de calumnias y difamaciones. Si el ejecutivo de Zapatero no es capaz de mantener unas posiciones acordes con la legalidad vigente, por mucho que sea en un tema sensible para la opinión pública (también podría haber escrito votante), a causa de la presión ejercida por un lobby que utiliza la mentira como herramienta fundamental de comunicación, quizá debería replantearse si tiene suficiente envergadura para llevar las riendas de un país como España, cuya clase política parece empeñada en someterlo a toda clase de pulsos.

Y más con los precedentes existentes, ya que durante el gobierno de Aznar se produjeron 64 excarcelaciones de etarras, alguna de ella con resultado trágico como la de Iñaki Bilbao: menos de dos años después de salir de prisión cometía un nuevo atentado mortal. O como los de Enrique Letona Viteri y Juan José Larrinaga Echevarría, condenados a más de 300 y más de 200 años respectivamente que no llegaron a cumplir ni 16 ni 20 cada uno de ellos. No se conoce actividad de la AVT por aquel entonces que se asemeje ni por asomo a la que mantiene desde que el PSOE está en La Moncloa.

Son casos análogos, idénticos a los de Iñaki De Juana. Por ello, la tormenta mediática y política desencadenada éstos días solo puede encontrar explicación en el único hecho que diferencia aquellos casos del que titula éste post: quien entonces gobernaba ahora está en la oposición y viceversa. Y el uso partidista, sectario hasta el insulto, mendaz y maldiciente, que de ello está haciendo quienes, en situaciones equivalentes, no sufrieron entonces el (mal)trato por parte de la oposición que ahora ellos dispensan, sencillamente, da náuseas.

De Juana es un mal nacido, un criminal confeso digno del odio de toda la Tierra, pero en democracia, parafraseando a José María Aznar, “contra el terrorismo no hay atajos”. En éste caso, presumiblemente se han tomado. ¿Algunas de las últimas iniciativas que hemos visto tenían algún solapado propósito de enmienda, conocedores del desdichado origen del pecado original? Para quienes creemos en la independencia judicial y en la separación de poderes en la práctica, es un test muy duro de superar.

Pero lo peor, con diferencia, es la impresión de que la democracia española vulnera sus propias reglas y las respeta cuando le conviene, y con la anuencia de toda la clase política. Y eso es cargar de razones a los etarras.