Sobre la polémica de los controladores aéreos

Aunque parece que ya no copa titulares ni portadas el tema de los controladores aéreos sigue dando que hablar. Recordemos que el pasado día 3 de diciembre abandonaron sus puestos de control colapsando el tráfico aéreo español, por lo que el gobierno decidió declarar el estado de alarma y poner a este colectivo profesional civil bajo disciplina castrense. Tras superar la crisis el ejecutivo prolongó dicho estado excepcional hasta el próximo 15 de enero.

Mientras la polémica ha estado viva he escuchado y leído toda clase de afirmaciones al respecto, principalmente para denostar al gremio de controladores. Los medios generalistas se han servido a gusto de la rabia y la desesperación de miles de viajeros que vieron como se les arruinaba el puente casi a pie de avión. Es algo entendible, lo de los viajeros digo ya que, sin comerlo ni beberlo, se vieron perjudicados por un conflicto del que no eran responsables. Pero al igual que la evidente implicación emocional de una víctima de violación le impide determinar el castigo a sufrir por un violador, no deben ser los usuarios afectados los que nos marquen el paso a la hora de enjuiciar el fondo de la cuestión que estamos tratando. Hay que hacer un esfuerzo y recurrir al análisis pausado una vez nos sintamos capaces de ver el cuadro completo y alejados de posturas previas.

Uno de los caballos de batalla del conflicto, si no el único, es el sueldo que ganan los controladores. Parece que en España son legión quienes deploran los altos salarios de este colectivo profesional que, por cierto, salen de las tasas aeroportuarias y no del erario público. Es decir, son los viajeros quienes les pagan, no los contribuyentes. Yo me pregunto si ese es realmente el problema, lo que ganan los controladores, o lo que ocurre es que los ataques por ese flanco provienen de la frustración de no poder disfrutar del mismo poderío económico. ¿No es la envidia en clásico pecado capital español? Personalmente, no me importa lo que ganen, hasta cierto punto, claro. Lógicamente, por una cuestión de justicia, quiero que su sueldo esté en consonancia con la dificultad de su tarea, aptitud, grado de responsabilidad y rendimiento sobre el terreno. Pero esta exigencia no debería ser solo aplicable a los controladores.

Estamos atravesando una crisis económica cuyo final aún no se atisba. Quienes nos gobiernan han sucumbido ante la presión de lo que llaman "los mercados", asesinando la democracia al vender la soberanía nacional a unos entes no salidos de las urnas. Son incapaces de solventar el brutal desempleo que azota al país y no dudan en estrujar al trabajador menguando sus derechos mientras se arrodillan ante el poder económico. Pues bien, los próceres del país, los que nos han conducido a la actual situación, ya sea por acción, omisión o ineptitud, los que se tienen como representantes de la voluntad popular, tienen la potestad de, entre otras cosas, poner cifras a sus nóminas, acordar sus pensiones vitalicias y determinar los años (pocos) de vida parlamentaria que les llevan a cobrar la pensión máxima. ¿Acaso no es este un motivo de indignación mayor?

La eficacia de los controladores la podemos constatar a diario en la normalidad que preside los aeropuertos españoles. ¿Dónde está la eficacia de los políticos? Puede que esta comparación suene a demagogia, pero ¿deja de reflejar algo real?

No obstante, no quiero recurrir al "y tú más". Siguiendo con los sueldos, hay que decir que el dinero que se embolsan los controladores se estableció en el convenio de 1999 firmado por el gobierno del PP, por tanto se lo paga el Estado a través de la empresa pública que gestiona los aeropuertos, AENA. El mismo Estado que ahora, a través del ejecutivo socialista, se queja de lo mucho que ganan llamándoles privilegiados. Pero si este gobierno les ha manteniendo ese estatus de privilegio durante 6 años, desde que llegaron al poder en 2004. Hagámonos una pregunta maliciosa ¿Estaría el gobierno hablando de privilegios y bajadas de sueldo de no estar acorralado por la crisis, el déficit y las encuestas? Dicho de otro modo, ¿es la injusticia de unos salarios desorbitados el motivo real de la beligerancia gubernamental hacia los controladores, o lo es la necesidad de recortar gastos del modo que sea para reducir el déficit galopante? Con lo cual, en una situación de holgura económica y benevolencia demoscópica ¿es descabellado imaginar que la coyuntura salarial de este colectivo seguiría siendo la misma que desde el convenio de 1999, sin importar su situación de "privilegio"?

Yo pienso que, aparte de por el dinero que ganan, despiertan envidias por otra cosa: su capacidad para presionar. Hay pocos controladores, es un oficio muy específico y no cualquiera sirve. Según Senasa (Servicios y estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica) solo un 20% de la población tiene aptitudes para ejercer de controlador aéreo debido a la alta exigencia en aspectos como visión espacial, capacidad psicofísica y aguante ante el estrés que supone tener miles de vidas en sus manos cada día. Este matiz crucial les hace partir desde una posición de fuerza en cualquier negociación laboral. ¿Qué colectivo profesional no querría poder negociar su convenio colectivo en semejantes condiciones? Porque lo normal es lo contrario, la bota empresarial aplastando al trabajador que parte en clara desventaja al existir mucha más demanda de trabajo que oferta.

De entre las muchas vilezas que se les atribuyen destaca la de que tienen la facultad de gobernar el acceso de nuevos controladores, de forma que si no ha habido nuevas incorporaciones en los últimos años es para que se pueda repartir menos la suculenta tarta de las horas extras. Esto ha sido desmentido categóricamente por César Cabo, portavoz del USCA, el sindicato de controladores, en su Twitter y en TV, añadiendo incluso que familiares y amigos suyos no pasaron el corte y se quedaron a las puertas de acceder a la profesión. No tengo por qué suponer que miente de forma tan descarada en algo tan fácilmente contrastable, por tanto sería AENA la que, a pesar el incremento de tráfico aéreo experimentado en el cielo español durante la última década, se ha negado sistemáticamente a formar nuevos controladores, con la consiguiente carga de trabajo para los ya operativos en forma de horas extraordinarias. ¿Alguno de ustedes contemplaría otra opción que la de cobrar esa hora extra a precio de oro, visto el cariz del trabajo que realizan?

Destaquemos otras facetas. Los controladores tienen un nº de horas legales al año, más un nº de horas extras. Tras el último decreto-ley de principios de diciembre, el cómputo es de 1670 + 80, 1750 horas al año en total. Uno de los motivos de mayor enfado fue que de éste cómputo quedaba excluido el tiempo de bajas, vacaciones, ausencias justificadas, actividades no aeronáuticas... Imagine, amable lector, que usted ve interrumpida su jornada laboral de 8 horas (pongamos que con un horario de 9 a 5) a las 10 de la mañana para, por ejemplo, acudir al médico; vuelve a las 2 de la tarde y se encuentra que, a efectos de cómputo de horas, siguen siendo las 10 de la mañana, y no le quedan tres horas para salir sino ¡siete! ¿Cómo le sentaría? ¿Pensaría o no pensaría que está sufriendo un ataque a sus derechos? ¡Y además por la vía de un decreto-ley!

Ocurrió que con el cómputo anterior, decretado por el gobierno en agosto, hubo controladores que llegaron a su tope legal de horas, como pasó en noviembre en el aeropuerto de Santiago. ¿Solución? Decreto-ley en vísperas de un puente para descontar las horas dedicadas a las actividades señaladas en el párrafo anterior, sacando así un buen puñado de horas nuevas de trabajo. La provocación pone en pie de guerra al colectivo controlador y, como ya se le supone receptor de las antipatías populares, da pie el ejecutivo a aplicar la mano de hierro a sabiendas de la poca solidaridad que sus antagonistas van a despertar entre la ciudadanía indignada, quedando así como campeón del orden, azote de privilegiados y defensor de damnificados.

Nuevamente imagine que llega noviembre y el gobierno decreta que las horas de vacaciones no cuentan, o que, de un plumazo, deja de tener vacaciones pagadas, y que si quiere cobrar el mes que se tomó de permiso en agosto va a tener que currar todas esas horas hasta que finalice el año. ¿Acojona o no acojona? Pues lo de los controladores sienta un precedente justo en ese sentido.

Luego está lo de las huelgas. ¿Pueden llamarse así cuando se llegan a imponer servicios mínimos superiores al 100%, tal y como han denunciado? Cierto es que el aéreo es un sector estratégico, pero ¿es que no puede serlo y, al mismo tiempo, ser respetuoso con la legislación laboral? La prolongación del estado de alarma, estando este sustentado en una legislación franquista, es una conculcación de facto del derecho de los controladores a la huelga, ya que mientras se encuentren sujetos a la disciplina militar pierden ese derecho fundamental. ¿Les parece otro peligroso precedente? Porque a mí sí.

Hay cosas que es necesario saber antes de formarse una opinión. Para acceder al puesto de controlador había que ser universitario, español, saber inglés perfectamente (y no cualquier tipo de inglés, sino el que se escucha por radio en, a veces, transmisiones con no poco ruido de fondo) y pasar un curso durísimo de dos años, eliminatorio hasta el último día. Con la nueva reglamentación no hace falta ni saber hablar español perfectamente, y mientras que antes lo sufragaba AENA ahora los 45.000 euros + IVA que cuesta el curso de formación (sin contar los opcionales) los tiene que pagar el propio interesado. ¿A partir de cuando podemos considerar elitista esta profesión? ¿Desde antes del cambio de normas de acceso, cuando cualquier ciudadano español con las aptitudes necesarias podía ser controlador, o desde que sólo pueden optar a ello quienes dispongan de medios económicos?

Pero claro, es que el agujero económico de AENA parece considerable, ocasionado por las sucesivas gestiones de gobiernos que, como ahora, ocultan su incompetencia atacando por la vertiente más populista. Cursos de acceso que pasan de subvencionados a estar sufragados íntegramente por el candidato, recorte de la formación con la excusa de la convergencia con el futuro espacio único europeo y la estandarización de procedimientos. Dice el presidente de AENA, Juan Lema, que lo de antes era "formar a todos como neurocirujanos para que muchos trabajen de médico de familia". ¿Significa eso que el Estado ha formado "de más" durante años a los controladores, cayendo en un derroche de recursos que posiblemente ha contribuido a la actual situación económica de AENA y que parece condenarla a su privatización? ¿Y no hay nadie que se vaya a hacer responsable de ello?

El agujero de AENA, los aeropuertos deficitarios y la necesidad de atraer capital privado para su próxima privatización, son posibles razones no admitidas que explicarían las sucesivas actuaciones del gobierno hacia el colectivo de controladores. Ellos mismos han admitido por boca de los representantes del USCA la desproporción de lo acaedido a comienzos de diciembre en los aeropuertos españoles, y que ello ha contribuido a volver en su contra a la opinión pública. No se trata de defenderles a capa y espada, solo de puntualizar que la realidad es más poliédrica de lo que nos la quieren presentar y que deberíamos afrontarla con más análisis y menos prejuicios.