Ésta oposición es una ruina (II)

Continúo con la relación de cosas iniciada en la primera parte de ésta serie que convierten, a mi juicio, a la actual oposición ejercida por el Partido Popular en el mayor despropósito visto en el congreso durante nuestra aún joven democracia.

Reformas estatutarias

El famoso estatuto catalán ha sido otro de los caballos de batalla que la oposición que ¿capitanea? Mariano Rajoy ha utilizado en su inmisericorde política de desgaste del gobierno socialista, fantochada de cara a la galería incluida. Su delirio llego al punto de pedir un referéndum, cuando la ilegalidad de tal propuesta era la misma que la que él mismo denunciaba en relación al refrendo propuesto por el Lehendakari vasco para su Plan Ibarretxe. Detalló la cuestión en el debate preceptivo:

Porque se supone que debemos aprobarlo, pero ya se ha anunciado el
propósito de convertirlo en hecho consumado y, nos guste o no nos guste,convocar un referéndum ilegal.
(...)
Señorías, ni siquiera el presidente del Gobierno puede convocar un referéndum sin la autorización de estas Cortes.
Menos puede hacerlo ningún presidente de comunidad autónoma, y si
alguno lo hace, prevarica, es decir se sitúa fuera de la ley.
No sé de qué se sorprende el señor Ibarretxe si es que habla de buena
fe. Él sabe perfectamente que no está facultado para convocar un referéndum.
Tampoco lo está para dictar sentencias en los tribunales u operar de apendicitis.
La ley no se lo permite y no creo que le moleste. Ser el representante del Estado
no conlleva poder suplantar al Estado.

A la luz de la barbaridad jurídica que proponía y que, según sus propias palabras, colocaba su iniciativa fuera de la ley, alguien le debió comentar que el procedimiento ordinario, tal y como describen los artículos 87.3 y 92.2 de la Constitución española, pasa por la presentación de un número no inferior de 500.000 firmas en el Congreso y por su posterior aprobación por la diputación permanente, cosa ésta última que tenían garantizado que no iba a pasar. Pero había que hacer ruido. Y luego acusan a Zapatero de improvisar...

Del estatut ha dicho de todo: "principio del fin del Estado", "primer estatuto del disenso y la división", "una bomba de relojería que puede explotar mañana", entre otras lindezas. Su partido ha presentado recurso de inconstitucionalidad a tenor de la "quiebra los principios de libertad e igualdad entre los españoles que establece la Carta Magna" que, a su juicio, representa. Aderezado todo ello con una tramposa y demagógica pregunta que les iban a hacer a los convocados a su referéndum. Por ello, sorprende muchísimo que luego, en comunidades regentadas por el PP como Baleares, las similitudes con el texto catalán sean muy significativas. Incluso una diputada popular balear se queja de los sucesivos aplazamientos de su estatuto pese a que el líder de su partido ha repetido hasta la saciedad que la reformas estatutarias no están entre las prioridades ciudadanas. Será que los estatutos que promueven ellos han de tener un tratamiento preferencial, igual que el valenciano.

El último en tramitarse ha sido el estatuto andaluz y ha supuesto toda una sangría para la credibilidad de los conservadores a cuentas del uso de la expresión "realidad nacional". Manuel Rico ha expuesto con soberana claridad en su blog la tremenda incongruencia que ha presidido ese partido tan cohesionado como es el PP en éste tema, de modo que no añadiré más. Ya en el debate de investidura, Zapatero sacó los colores a Rajoy, que ya empezaba a apretar las tuercas con el asunto de los estatutos, hablándole del acuerdo al que había llegado su partido para reformar el estatuto canario.

Incongruencias que han llegado a denunciar hasta sus medios más afines.

Inmigración

La inmigración es otro tema envuelto en polémica, y el PP también lo ha tratado con una demagogia sonrojante. Ha criticado hasta el hartazgo la regularización masiva impulsada por el gobierno en 2005 achacándole un más que discutible "efecto llamada". Lo que no se cuestiona es cuándo ha llegado éste contingente de inmigrantes a nuestro país, ya que entonces se tendría que enfrentar al hecho de que, muy probablemente, su llegada se haya producido con un gobierno del PP en el poder, y quien sabe cuantos entrarían con Mariano Rajoy como ministro del interior. Además, el líder de los populares no es quién para dar lecciones en materia de regularizaciones ya que las que auspició su partido no fueron precisamente un modelo a seguir cuando no se exigía ni contrato de trabajo:

Hasta el momento, abril de 2004, la respuesta a la presencia de los extranjeros que residen en España ha sido de tipo coyuntural, mediante la convocatoria de sucesivas regularizaciones generales extraordinarias que han hecho aflorar de forma masiva este tipo de situaciones. Sucesivas regularizaciones que, a diferencia del actual, no vinculaban la normalización de la persona inmigrante a su relación laboral. Un dato ilustrativo de esta situación de crecimiento de la población inmigrante y regular, que, tal y como se detalla en el informe, tuvo alguno de los principales escollos en la falta de participación social y en la rigidez de los procedimientos creados, es que muchos de los inmigrantes que regularizaron su situación de uno de esos procesos extraordinarios tuvieron dificultades después para renovar sus papeles, quedando en una situación alegal. La anterior Legislatura concluye en las oficinas de extranjería con cerca de 375.000 expedientes de personas extranjeras pendientes de resolver.

En conclusión, tres reformas de legislación de extranjería en una misma Legislatura y cinco procedimientos extraordinarios de regularización, a los que se suman más de un millón de nuevos inmigrantes legales y otros tantos ilegales, hacían claramente necesario abordar la situación y dar una solución tanto a esas personas como a la propia sociedad española y a los empresarios, que, según los datos que ya conocemos, quieren contratar legalmente a esos trabajadores.

Y ahora nos sale Ana Pastor, secretaria de política social del PP, con que habría que impedir a los inmigrantes ilegales el acceso a la educación y sanidad públicas. Pero, ¿quién puso en negro sobre blanco, a través de una ley de extranjería en 2000, que tal acceso se permitiese? Pues sí, el mismo Partido Popular que viste y calza, y que además entonces gobernaba. Una hipocresía que se repite con el asunto de los traslados de inmigrantes desde Canarias a la península ibérica, criticado por Mariano Rajoy pero llevado a cabo cuando Ángel Acebes era ministro del interior del ejecutivo Aznar.

Vamos, como para abrir la boca al respecto...

Ayudas europeas

A cuentas de la reducción de cuantía de las ayudas procedentes de la Unión Europea, el PP también entró al trapo de la demagogia y la falacia. Responsabilizó a Zapatero de la "pérdida de peso" de España en la UE y a su pésima gestión la mengua de ingresos. Pero los hechos son tozudos, don Mariano, y la verdad es que esa reducción ya estaba prevista, incluso aceptada por el anterior ejecutivo al que ud. mismo pertenecía. Es lo que pasa cuando una economía, gracias precisamente a los fondos europeos, despega y funciona, que deja de percibir dinero, y más cuando ahora hay que repartir entre un mayor número de socios, siendo los nuevos más pobres:

Aznar es consciente de que el maná comunitario se acaba. No sólo por la llegada de los países del Este, sino porque España va alcanzando paulatinamente el límite para recibir ayudas europeas.

Pero, con toda la desfachatez del mundo y sin inmutarse, Rajoy acusó a Zapatero de "dejadez" en la negociación de los fondos estructurales. ¿Podemos afirmar taxativamente que éste señor intentaba engañarnos?

Y habrá una última entrega.