En principio, que una administración pública abra una investigacion interna en un hospital, atendiendo a indicios de mala praxis con resultado de muerte en sedaciones a pacientes terminales, no me parece criticable. Pero ésto no es lo que ha pasado con el Severo Ochoa de Leganés. La consejería de sanidad de la CAM, recordemos, dio validez a unas denuncias anónimas que provocaron, primero, el cese del dr. Montes como coordinador de urgencias de dicho hospital y, como consecuencia de ello, una repugante e inmoral campaña de linchamiento mediático (texto de la subsiguiente querella) vomitada desde los arietes periodísticos con que cuenta la derecha talibán, que se afanaron en presentar a éste médico como una suerte de moderno Josef Mengele.
La CAM, encabezada por el entonces consejero de sanidad y hoy consejero de transportes Manuel Lamela, impulsó en la sombra un proceso judicial tremendamente dañino para la imagen del hospital de Leganés y sus profesionales cuando, supuestamente, la obligación y el deber del ejecutivo regional era velar por el buen nombre de la sanidad pública hasta que, en caso de llegar a los tribunales, se dictara sentencia condenatoria. Se pudo haber actuado discretamente, no en vano las denuncias anónimas hacían acusaciones muy serias sobre la muerte de personas, pero no dejaban de ser sospechas no probadas.
La CAM apostó muy fuerte confiando más en esas denuncias anónimas que en los profesionales a los que paga el sueldo. Lamela vulneró la presunción de inocencia y tuvo el cuajo de dictar sentencia a título personal y al margen de cualquier procedimiento legal que permitiera al dr. Montes ejercer su derecho a la defensa.
Lamela comentó que las dosis administradas eran «notoriamente excesivas, no para evitar el dolor, sino para acortar la vida» y esta circunstancia «no está contemplada en la legislación española». Los hechos, dijo, son «tozudos» y quedan «probados».
El ejercicio de soberbia realizado por el consejero Lamela es de una envergadura difícil de calificar. El daño ha sido mucho aunque espero que no irreparable, lo malo es que la publicidad y la repercusión que en su día tuvieron las denuncias no creo que la vaya a tener el archivo de la causa. La reciente resolución judicial que determina la inexistencia de mala praxis y, en consecuencia, archiva la causa contra Montes y su equipo, ya que al no haber delito no hay imputados, es todo un revés para la Comunidad que preside la Espe. La Justicia dictamina que no hubo sedaciones irregulares a los pacientes terminales y que, por tanto, no se deriva de ello fallecimiento alguno.
La actuación de la CAM en todo esto no puede calificarse de inocente. Desde el primer momento sus actuaciones renunciaron a la neutralidad dirigiendo todas las miradas y dedos acusadores hacia el dr. Montes, el cual anuncia querellas contra todo aquel que contribuyó a manchar su nombre. Ahora se autoexculpan diciendo que la sentencia no va contra ellos por no ser parte personada en la causa, pero el posicionamiento de la administración madrileña ha sido claro e indiscutible, y negarlo es un ejercicio de infinita soberbia. Por mucho que no hayan dado la cara ante el juez y se hayan parapetado de forma ruin tras la Asociación del Defensor del Paciente.
¿Hay alguna receta para evitar que se repitan casos como el del Severo Ochoa, idencencias políticas aparte? Probemos a regularizar la eutanasia. Y el que quiera morir entre mil dolores que lo haga si es su deseo, pero que dejen tranquilos a los que quieran morir en paz y sin sufrimiento.
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