El laicismo de opereta del PSOE

El Gobierno ha abierto la puerta a una mayor profundización en los principios laicos del Estado. La actitud timorata y servil de la que el ejecutivo de Rodríguez Zapatero hizo gala con la jerarquía católica durante la pasada legislatura parece que no tendrá continuidad en la presente, o eso es lo que quienes anhelamos un estado laico deseamos. Lo malo es que, a tenor de lo dicho por representantes socialistas, ésta puerta por el momento tan solo está medianamente entreabierta. La información de lo que se pretente hacer brilla por su ausencia y muchos nos tememos que la orientación que se le quiere dar a éste giro laicista no sea la que debería darle un gobierno que toma el laicismo por bandera.

El campo de juego va a ser la ley de libertad religiosa, texto legal que data de 1980 y que, a la luz de la realidad española actual, ya tocaba reformar. La vicepresidenta De la Vega dice que el retoque legislativo se ha de adecuar a “las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso que caracteriza a la España de hoy” pero, ¿qué quiere decir esto? Porque uno empieza a cavilar y las conclusiones a las que llego no son agradables. Veamos, un país laico es Francia, y allí la separación entre Iglesia y Estado es completa y total y la libertad de culto está garantizada, de otro modo no se podría explicar la creciente proliferación de inmigración musulmana en las últimas décadas. Ahora bien, según se desprende de las palabras de De la Vega, la reforma que piensan propugnar no iría encaminada a imitar el modelo francés ni a restar terreno a la religión doctrinal en los ámbitos públicos sino a hacer extensivos los pactos establecidos con el Vaticano a otras confesiones religiosas.

Y la pregunta es clara. ¿Es esto profundizar en el laicismo? No señores, laicismo no es beligerancia contra la religión, pero tampoco es connivencia. El concordato de 1979 que regula la relación entre el estado español y el Vaticano define unos términos preferenciales en el trato, no sólo en relación a otras religiones, sino en relación a la propia condición aconfesional del propio estado. Un estado que se pretenda laico no puede destinar un espacio en el impreso del I.R.P.F a la financiación de ninguna religión, ni puede permitir que la doctrina religiosa se imparta en los centros de enseñanza públicos. Y de hacerlo, no puede dejar en manos de quienes la imparten la eleccion del profesorado.

Pero la verdadera piedra de toque es el artículo 16.3 de nuestra sacrosanta Constitución, en el que, hay que decir que de forma bastante ambigua y, por tanto, atacable, se consagra la relación de sumisión que venía teniendo el estado con respecto a la jerarquía vaticana. Pero, ay, la Constitución es algo aparentemente intocable. Zapatero ya habló de reformarla para algo tan trivial como eliminar los efectos de la arcaica ley sálica en la sucesión de la jefatura del Estado y todo se quedó en agua de borrajas. Iniciar un proceso de reforma constitucional con las relaciones Iglesia-Estado en el punto de mira se me antoja algo inabordable para un gobierno como el que tenemos, sin mayoría absoluta y necesitado del apoyo de formaciones políticas con un substato netamente cristiano como CiU y PNV. Del PP ni hablamos.

Así que, o mucho me equivoco o preparémonos para el desembarco de las religiónes islámica, evangelista, judía y la que sea capaz de acreditar una mínima representación popular en España, en unos ámbitos públicos que un verdadero estado laico les tendría vetados. Espero que dentro de no mucho tiempo tenga que tragarme mis propias palabras, pero a día de hoy no abrigo demasiadas esperanzas.