Sobre la polémica suscitada por el texto recogido en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, quería hacer algunos apuntes. Una cosa sí es cierta, y es que la descarga masiva de contenidos en internet es algo que muchos ya tomamos por cotidiano, por lo que vernos privados de un plumazo de esa facilidad de acceso a tantísimo material nos suena a ataque a nuestros derechos, aunque no lo sea. Se está confundiendo el concepto de "cultura libre" con el de "cultura gratis", y convendría que empezásemos a tomar nota de la diferencia. La cultura también es negocio, tan negocio como cualquiera que nos venga a la cabeza, del que vive mucha gente y que todos alimentamos cada vez que acudimos al cine, vamos a un concierto o compramos un videojuego. No podemos despojar a la cultura de su faceta lucrativa como modo de vida de sus autores sólo porque así podemos descargar archivos con la conciencia más tranquila. Dudo además que las principales redes P2P, auténticos objetivos del Gobierno, se construyan por amor al arte y a la libre difusión cultural sin el menor ánimo de lucro.
Yo me pongo en el pellejo del autor, alguien que registra una obra y que pretende ganar dinero con ella en virtud de la ley de propiedad intelectual -ley que existe en cualquier país civilizado- y que es tan legítimo como cualquier otra actividad comercial con ánimo de lucro que se nos ocurra. Si su trabajo se distribuye libremente por internet aumentan las probabilidades de que tenga que renunciar a sus aspiraciones; en este país lo gratuito es muy goloso, y si un españolito puede conseguir gratis algo antes que pagando, lo obtendrá gratis, con independencia de su precio. Pienso que ese es el trasfondo de todo. Si los artistas se mueven por ese motivo es que les va algo en ello, de eso no hay duda, aunque posiciones maximalistas como las que están exhibiendo, proclives a solucionar la problemática pasando por encima de algunos derechos fundamentales, es una mala e inaceptable apuesta que les puede pasar factura a no muy largo plazo.
Tema aparte, pero relacionado, es la actitud del Gobierno. No es admisible legislar ad hoc de la forma que tienen previsto, al margen incluso de elementales preceptos democráticos como ocurre con el canon digital, el cual presupone delincuente a todo aquel que adquiera un dispositivo digital de almacenamiento, por lo que se le cobra por adelantado en lugar de demostrar que ese delito ha sido cometido. Lo de ahora parece ir en la misma senda, la del error. En lugar de buscar fórmulas que ayuden a solventar la cuestión sin conculcar derecho alguno da la impresión de que el ejecutivo únicamente busca satisfacer a una de las partes en litigio (la otra sería las asociaciones de internautas) dando así una imagen muy poco aseada que habla mal de su concepto de ecuanimidad, algo muy serio tratándose de quien se trata.
Intertet lo ha revolucionado todo, no cabe duda. Más vale que, por su bien, los colectivos de artistas lo asuman y se adapten, pero también sería bueno que los internautas se dieran cuenta de que el "gratis total" no es posible sin atacar derechos tan respetables como los suyos.
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