El hábito democrático convertido en anatema

Dentro de la deriva extremista en la que se encuentra sumido un importante sector de la derecha social y política española, está cobrando cierta relevancia todo lo relativo a las actuaciones judiciales llevadas a cabo contra algunos de sus componentes. Éstas actuaciones, ya se produzcan tras las denuncias interpuestas por personas individuales o entidades colectivas, están siendo sistemáticamente tildadas de “persecuciones” por quienes son objeto de las mismas y en diversos foros de Internet a los que he tenido ocasión de entrar. Ocurre en los casos de Paco Alcaraz, Federico Jiménez Losantos o Pío Moa.

Es un paso evolutivo lógico del discurso cataclísmico y antidemocrático de ésta derecha cavernícola: se dibuja una realidad alternativa en la cual se exacerba hasta lo inimaginable todo aquello que pueda perjudicar al rival político, sin importar tener o no razón (pensar que ésta gente se pueda mover en términos de “verdad” o “mentira” es negarles el mayor de sus poderes: la contumacia). Luego se machaca a diario con ello desde sus medios afines hasta provocar un clima de indignación entre sus incondicionales (de natural predispuesto a diabolizar al adversario) tan enorme que todo lo que parta del Gobierno es visto con ojos satanizantes. Y una vez consolidado entre sus fieles un contexto de negación de la realidad democrática que vivimos (tenemos un Gobierno ilegítimo, corrupto y filoterrorista, por tanto, toda actividad destinada a combatirlo es legítima y cuasi obligada), cualquier iniciativa judicial encaminada a exigir responsabilidades por los excesos verbales cometidos por sus gurús mediáticos es señalado como la materialización del estado de corrupción generalizada que vienen denunciando. Es la técnica de adaptar la realidad a sus prejuicios.

No es más que otro aspecto de lo que en mi anterior entrada llamaba la batasunización de la derecha (témino que no he acuñado yo, pero me parece del todo adecuado y por eso lo hago mío). Lo que en cualquier país de hábitos democráticos sólidos sería un ejemplo de normal funcionamiento del estado de derecho (ante un derroche verbal que bordea los límites del Código Penal, un/unos ciudadano/s deciden presentar la correspondiente denuncia en el juzgado), la derecha troglodita lo anatematiza, lo vende ante sus devotos como un capítulo más del proceso de agresión permanente a la santa patria y a sus arduos baluartes, para lo cual las terribles fuerzas del mal (el rival político/ideológico) ve necesario deshacerse de las voces incómodas que representan la verdad y el bien absolutos: ellos.

Las denuncias pueden prosperar o no. Aunque prosperen en primera instancia, hasta que una sentencia no es declarada firme no se puede afirmar que es definitiva, e incluso después el Tribunal Supremo puede anularla como hemos visto éste año con el caso Bono. Lo que no admite objeción alguna desde el punto de vista democrático es que ese es el procedimiento correcto, legal y vigente y, si hablamos de denuncias sobre comportamientos presuntamente delictivos, lo que se enmarca dentro de esa directriz es lo que se ajusta a las reglas de un estado de derecho. Por tanto, no hay persecución liberticida que valga más allá de la que protagonizan los propios denunciados en su afán de estigmatizar y criminalizar a los que ejercen el legítimo derecho a la defensa de su honor.

Obsérvese la mendacidad y el carácter ademocrático de las afirmaciones que le valdrán las querellas a Losantos o a Luis del Pino: denuncias sobre actitudes presuntamente delictivas pero que ninguno ha consumado en el juzgado, sino que se han quedado varadas en el púlpito mediático. El juez estimará lo que considere oportuno, pero cuando se atribuyen comportamientos delictivos sin presentar evidencias en sede judicial se está incurriendo en un delito de calumnias de libro, como es el caso también del presidente de la AVT, Paco Alcaraz. Lo de Pío Moa está más cerca de la injuria ya que relaciona a personas vivas con terribles capítulos de nuestra historia reciente lesionando gravemente su honorabilidad, no hace falta decir que sin ninguna prueba.

Éstos episodios, grotescos e impropios de individuos que se llaman a sí mismos demócratas, conducen a exasperar aún más los ánimos de sus creyentes (llegados a éste punto, el acrítico grado de servilismo que alcanzan sus entusiastas se tiene que equiparar con la devoción que por una religión sienten sus más fanáticos partidarios), y esa exasperación genera patéticos resultados en la calle. En alguno de los foros a los que aludía en otro párrafo se descuelgan con ésta especie de enfermiza revisión de la ley del Talión: los gritos de “asesino” que les dedican a Rodríguez Zapatero y la responsabilidad sobre los atentados de ETA que le atribuyen al Gobierno del PSOE son en contraprestación al similar trato que se le dispensó a José María Aznar y al PP con motivo del 11-M y la guerra de Irak.

Ésto último es una prueba del pobrísimo bagaje intelectual que atesora la derecha talibán. La sola mención del ojo por ojo en éste asunto habilita automáticamente como válidos y legítimos los epítetos dedicados a Aznar y a su partido según la lógica de quienes pretenden erigirse como sus defensores. Además convierten esos ataques (injustificables en mi opinión) a la cúpula pepera en argumento de autoridad ya que son citados como autojustificación, en lugar de buscar el desmarque y permanecer lejos de actitudes que subrayan como abominables.

Por otro lado, es absurdo a más no poder. A Aznar se le acusó de agitar el avispero yihadista sumergiendo a España en el cenagal de la guerra iraquí y culpándole de las consecuencias que nos trajo, y a Zapatero se le acusa más o menos de lo mismo por hacer justo lo contrario: plantear un escenario de diálogo en lugar de uno de guerra cuando el terrorismo golpea con mayor virulencia en el segundo caso que en el primero. De cualquier forma, nada justifica éstas acusaciones. Los responsables de las acciones terroristas son, en exclusividad, los propios terroristas.

Es duro tener que resaltar obviedades como las que aquí han quedado reseñadas. Después de tres décadas, los hábitos democráticos en España siguen sin estar asentados en un significativo segmento de población. Pero lo verdaderamente grave es que desde el principal partido de la oposición se fomente que esos hábitos sigan sin echar raíces entre su masa de votantes a base de discursos cainitas a la par que frentistas.