La Corona y la libertad de expresión

Las recientes opiniones de la Reina Sofía, plasmados en un libro de la periodista Pilar Urbano, sobre algunos temas de notable calado social han levantado una tremenda polvareda. A mi juicio no vienen sino a continuar con el rosario de hechos -la separación de la infanta Elena, la quema de fotografías reales, las viñetas presuntamente injuriosas, aquella portada de El Jueves, los ataques desde la COPE, el famoso "por qué no te callas", la afición cinegética del Rey...- que comenzó aproximadamente con el anuncio de la boda del Príncipe Felipe con una divorciada -por la Iglesia- y que da fe del creciente protagonismo negativo que ha ido cobrando la institución monárquica con el paso de los años. Un desgaste tan lento e intermitente como sostenido e imparable.

¿Puede el jefe del Estado español -en éste caso, la Reina consorte- opinar libremente sobre el tema que le plazca? Está claro que no, de hecho, por no poder los miembros de la familia real no puede ni votar. Las funciones de la Corona están claramente delimitadas en la Constitución; hablan de tareas de arbitraje y moderación institucional así como representación del Estado en el exterior. Lejos, por tanto, de toda intervención en el debate público. ¿Acaso hay algún otro motivo por el que apenas se les conozcan declaraciones de índole partidista? Sin embargo, las palabras de la Reina van mucho más allá de esas competencias prefijadas, entrando de lleno en la arena que sólo corresponde al poder legislativo y que toca mucha fibra social sensible.

Si ahora los reyes van a renunciar a desempeñar la labor por las que nuestra democracia les tolera -y subrayo lo de “tolera”, ya que la monarquía es antidemocrática por definición- entonces dejan de prestar el servicio por el que se les paga y de ser útiles para su país. La Reina ha hecho un enorme favor a la causa de la III República, y eso que pasaba por ser la lista de la familia.

La casa real ya ha emitido un comunicado en que no confirma lo publicado pero tamboco lo desmiente con rotundidad. Se limita a decir que sus palabras no están recogidas con el rigor necesario y abre la polémica sobre si estaban autorizadas o no a salir a la luz, dejando en entredicho a Pilar Urbano. Está claro que la Reina o cualquier otro miembro de la famila real tiene perfecto derecho a pensar como le venga en gana y a tener opinión propia sobre los temas más controvertidos. Lo que no pueden en ningún caso es sembrar discordia haciendo públicas dichas opiniones desde la posición de neutralidad y representatividad que ostentan, porque eso es saltarse las reglas que les permiten disfrutar de su cómoda y privilegiada posición.