¿Libertad de enfermar o potestad gubernamental para prohibir el tabaco?

Nuevamente, al igual que me pasó con el proyecto de la ley del aborto, tengo sentimientos encontrados ante una nueva iniciativa legislativa del gobierno, en éste caso la anunciada ampliación de la ley anti-tabaco que contempla la prohibición de fumar en todo recinto cerrado, aunque sea de titularidad privada. Y esta ambivalencia nace de alguien que se declara visceralmente anti tabaco, quiero aclarar.

Según lo que sabemos, la ministra de sanidad quiere prohibir fumar en todos los espacios públicos, entendiéndose como tales cualesquiera donde se reúna un grupo más o menos numeroso de gente. No, no se refiere a estaciones de metro, autobuses, hospitales o ministerios, no. Se refiere esencialmente a negocios privados como las cafeterías, restaurantes, discotecas y demás establecimientos hosteleros.

Mi pregunta es ¿tiene legitimidad un gobierno para imponerle a un propietario los usos que debe permitir o prohibir dentro de su propiedad? Y que conste que si finalmente la reforma entra en vigor seré el primero en disfrutarlo, pero ello no es óbice para que me haga determinadas preguntas acerca del derecho del Estado a inmiscuirse en la vida privada de sus ciudadanos. A fin de cuentas, la misma libertad que tienen los fumadores de llenar sus pulmones de humo cancerígeno la pueden ejercer los no fumadores absteniéndose de entrar el lugares donde se permita esta práctica.

Intentemos hacer una interpretación que avale la medida como éticamente aceptable. A ver, el gobierno quiere prohibir una actividad al ser demostradamente perjudicial para la salud, sin embargo permite que ese producto se venda libremente en los estancos, con lo cual se convierte en cómplice pasivo de los mismos males que intenta erradicar. No obstante, esto último se da al amparo del concepto de libertad individual, ya que cada uno es libre de someter a su propio cuerpo a todas las torturas que se le antojen. Ahora bien, si lo hacen en grupo debe prohibirse, ya que existe una alta probabilidad de que en un colectivo de personas reunidas en una porción concreta de espacio haya un más que significativo número de no fumadores, cuyo derecho a no ser ahumados hay que salvaguardar, aun a costa de vulnerar el derecho de los fumadores a hacer con su cuerpo lo que les plazca y el de los propietarios a imponer las normas que estimen oportunas dentro de su propiedad.

Si el gobierno fuese coherente, intentaría legislar al mismo tiempo y en el mismo sentido con respecto al alcohol. ¿O acaso el alcohol en exceso no es perjudicial para la salud? ¿Acaso no provoca adicción? Y si hablamos de actos cotidianos que atacan la salud de las personas, ¿que pasa con los coches y sus emisiones contaminantes? ¿Por qué no se prohíben? Supongo que la respuesta sería que los beneficios de que la gente posea automóviles superan a los perjuicios, además de ayudar a sostener la economía del país. Pero entonces ya no hablamos de ética, sino de economía.

Por otro lado, este proyecto de ampliación de ley no sería más que una extensión de algo que ya existe: en los lugares de trabajo de las empresas privadas ya está prohibido fumar. Repito pues la pregunta, ¿es legítima una intromisión del Estado en la vida privada de los ciudadanos bajo la excusa de preservar su salud? Lo sería, por ejemplo, si blandiera como pretexto el elevado coste económico que para la sanidad pública entraña el vicio de fumar, pero una conclusión lógica de ello sería deslizar la amenaza de retirar el derecho a una asistencia sanitaria pública a todo aquel que enfermara por causa del tabaco, lo cual tendría que ser demostrado por un equipo de expertos y... la cosa se va complicando, ¿verdad?

Yo ahora pienso en todos aquellos hosteleros que se vieron obligados a efectuar reformas en su establecimiento para adaptarse a la primera ley antitabaco. Si finalmente se aprueba la reforma legal, será un dinero tirado a la basura. ¿Quién les compensará? El gobierno se está metiendo en un charco que muchos no van a entender.