Acerca del editorial conjunto de la prensa catalana

Hay varias cosas que no me gustan del editorial conjunto que doce periódicos catalanes publicaron ayer a favor de la aprobación del estatuto de Cataluña por el Tribunal Constitucional (leerlo aquí). La primera es el propio hecho de la publicación masiva del mismo texto por semejante cantidad de medios. Uno pensaba que la libertad de prensa, un derecho democrático fundamental, estaba asociado al concepto de diversidad de informaciones; libertad para opinar de forma diversa, facilitando la apertura de debates sobre los más variados temas y fomentando la creación espacios de crítica. Con éste editorial conjunto ese vínculo queda fracturado, ya que los más relevantes medios impresos radicados en Cataluña asumen una única mirada común (un editorial no es una opinión más, es la postura oficial del periódico) desterrando cualquier atisbo de discrepancia y uniformizando criterios en torno al espinoso tema del Estatut.

Si para solventar el asunto hay dos soluciones, estos doce periódicos optan deliberadamente por una de ellas, menospreciando la otra sin dedicarle idéntico espacio para ofrecer sus argumentos, desechándolos de principio. Si esto no es entregarse al pensamiento único, no se qué lo es. Los medios, tradicionalmente concebidos como una forma de controlar al poder, deciden en este caso alinearse unánimemente con la clase política dominante en un pintoresco ejercicio de entreguismo, convertidos en una extensión del poder. Es legítimo y algo avalado por la libertad de expresión y el derecho a la libre filiación, pero no me parece una evolución sana del ejercicio de la profesión. Tampoco debería sorprenderme; a fin de cuentas no deja de ser prensa española, sobre la cual ya he opinado alguna vez en ésta bitácora.

El siguiente aspecto del comunicado que me disgusta es la representatividad de todos los catalanes que se arrogan todos esos medios. Que yo sepa nadie les ha elegido para erigirse en portavocía oficial del pueblo catalán, no se con qué derecho lo hacen. ¿Por el nº de lectores, quizá? Según el EGM del masado mes de mayo, sólo cuatro de esos doce medios escritos aparecen aparece en la lista de las cincuenta publicaciones diarias más leidas: El Periódico (764.000 lectores, también con ediciones fuera de Cataluña), La Vanguardia (718.000, el mismo caso), El Punt (172.000) y Avùi (121.000). En total podría decirse (y sigue siendo mucho suponer) que los cuatro representan a 1.775.000 ciudadanos. Si observamos que, según Wikipedia, la población catalana asciende a 7.467.423 estamos hablando del 23,77 % del total poblacional catalán, algo más si contamos a los lectores del resto de medios. Erigirse en representante del 100 % cuando menos del 24 % (a los que habría que descontar los lectores de fuera de Cataluña) se molesta en leer lo que dicen me parece un acto de osadía muy poco calculado y que excede con mucho el grado de responsabilidad que se le presupone a directores de medios que se saben creadores de opinión.

También alude el comunicado a que la voluntad popular ya decidió favorablemente sobre el Estatut en el referéndum convocado en junio de 2006. No voy a cuestionar su legalidad, por supuesto, pero si pongo en cuestión su cariz ético habida cuenta de cual fue la respuesta de la ciudadanía catalana. En ese referéndum sólo participó en 49,42 % de los catalanes llamados a las urnas, de los cuales votó a favor el 73,90 %. Es decir, que de 5.309.767 de catalanes con derecho a voto solo lo ejercieron 2.624.086; y de esos más de dos millones y medio, 1.952.502 se decantaron por el sí al Estatut. Resumiento, que sólo el 36,77 % de la masa electoral catalana ha refrendado con su voto el estatuto que los doce medios que firman el editorial conjunto juzgan tan esencial para sus conciudadanos. ¿Es o no pertinente hacerse algunas preguntas? Como por ejemplo, ¿cual sería la reacción de esos mismos medios si idénticas cifras respondieran a una inciativa que hubiera partido del nacionalismo españolista? No creo que haga falta someter a un gran esfuerzo a nuestra imaginación para conocer la respuesta.

Continuar con el anterior párrafo conllevaría una cada vez más profunda y larga reflexión sobre algunas de las normas sobre las que se asienta la democracia española. Pienso que un proyecto que requiere una consulta popular que sólo obtiene en la práctica el 37 % de apoyo explícito es un proyecto que carece de legitimidad moral para ser llevado a la práctica, se llame Estatut o se refiera a cualquier otra cosa. Lo podemos convertir en legal pero será difícil que con ello se convenza a nadie que vivimos en una democracia participativa real cuando, con ese a todas luces insuficiente porcentaje de apoyo, se concede poder para actuar sobre el 100 % de la población. Que haya miembros de la clase política que se aferren a ese resultado, obviando lo que hay detrás y las lecturas que de ello se desprende, es algo a lo que, lamentablemente, nos hemos habituado. Pero que a ese mismo discurso se adhiera en Cataluña el sector de la prensa, tradicional elemento de control y crítica del poder, es algo para lo que muchos no estabamos preparados.

Mención aparte merece el tono en que está escrito el editorial, sugiriendo sibilinamente consecuencias en caso de que la norma estatutaria sufra algún recorte a su paso por el Constitucional. Y todo ello sin conocer ni un ápice de los argumentos jurídicos que pudieran esgrimirse, que son los que cuentan. Curiosa forma de buscar el "encaje" en el estado español, expresando menosprecio hacia su más alto tribunal al dejar claro que lo que dictamine solo será aceptado si apunta en una dirección concreta. Todo por la "dignidad catalana". Valiente forma de defender esa dignidad.