Los privilegios de la Iglesia Católica en España

Uno se cansa de escuchar tanta falsedad, tanta estupidez y tanta propaganda. Uno se harta de escuchar a los miembros de la secta católica calificar de ataques contra su fe los contados tantos que en España pueden apuntarse los movimientos laicistas, en muchos casos tras décadas de lucha en condiciones de sangrante inferioridad. Los adalides del catolicismo patrio tienen mucho por lo que callar, mucho de lo que avergonzarse, pero en este Estado aconfesional de chichinabo se sienten fuertes, comprueban a diario la fortaleza de sus posiciones y lo enraizado de sus axiomas. Nadie con poder para revertir la situación y convertir al estado en un ente verdaderamente neutral se atreve a actuar.


La falacia católica es fácilmente desmontable. Basta con enumerar los numerosos privilegios de que disfruta la religión católica, todos ellos otorgados por el estado, y en gran medida provenientes de una tradición erigida sobre la opresión, el crimen y la violencia. Privilegios que, no lo olvidemos, sufragamos todos, creyentes y no creyentes. Lo que sigue es el resumen de una serie de artículos publicados en la web de la organización Europa Laica con algunos añadidos propios.


- La Constitución declara a España un estado aconfesional pero reserva a la IC un trato especial impropio de un país no alineado en materia de religión, rubricado en el Concordato firmado con el Vaticano en 1979.


- A la IC se le permite mantener espacios en ámbitos donde el dogma debería ser especie extinguida, como es la Universidad. En la Facultad de Derecho de la Complutense en Madrid y hasta hace poco de la de Historia. En la Universidad Pública de Navarra, donde hay un Servicio Universitario denominado Servicio Religioso, que ofrece en su capilla, situada en el edificio de El Sario, misas diarias y capellán con atención religiosa durante la mañana, todo ello sostenido con fondos públicos. Este privilegio se encuentra recogido en los acuerdos preconstitucionales firmados con el Vaticano, herederos del Concordato franquista firmado con el Vaticano en los años 50 del pasado siglo. Gracias a ellos, se financia con dinero público la propaganda de doctrinas acientíficas basadas en la pura superstición.


- En no pocos colegios se mantiene la simbología religiosa heredada del nacional catolicismo franquista. Los pocos padres que se han atrevido a denunciar la situación y, pese a tener a la Constitución de su lado, se han visto obligados a recurrir a los tribunales entre los dedos acusadores de numerosos padres católicos, que veían en este libre ejercicio de la libertad de conciencia otra forma de sentirse atacados. Un espacio público ha de ser capaz de acoger a todos, y por lo tanto debe ser neutral. Un símbolo religioso presidiendo el aula de un colegio público, sea el que sea, conculca ese principio de neutralidad. Hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2009 que señaló, tras la denuncia de una madre italiana, que los símbolos católicos en las aulas violan "los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones".


-  Quien quiera enseñanza doctrinal debería pagársela de su bolsillo, pero en España la enseñanza religiosa se imparte con cargo a los presupuestos públicos y ocupando horario lectivo obligatorio, lo cual supone una vulneración de los derechos constitucionales del alumnado y de la comunidad de padres. Tener que escoger entre recibir clase de religión o no implica una declaración acerca de las creencias religiosas y/o ideologías de los unos o de los otros, algo expresamente protegido por la Carta Magna. Nadie puede ser obligado, tácita o explícitamante, a tener que pronunciarse sobre su ideología o sus creencias. Además, la nota recibida en la asignatura de Formación Religiosa se añade a la nota media del currículo escolar, con lo cual estamos poniendo en el mismo plano la religión con las matemáticas, la física o la gramática; colocando al mismo nivel lo irracional y lo racional. 


- Las instituciones católicas tienen el privilegio de escoger a su gusto el profesorado que impartirá su doctrina en los centros públicos de enseñanza y a elegir el material didáctico, sin control estatal. Asimismo, el Concordato permite a los capellanes católicos el acceso a datos de los pacientes en los hospitales públicos, estando obligada la gerencia del centro sanitario a prestarles colaboración y medios. 


-En el ámbito militar, la religión católica está plenamente implantada a efectos oficiales. Existe un arzobispado castrense dependiente del Ministerio del Interior, los funerales de Estado se rigen exclusivamente según el rito católico y los militares están obligados a asistir a las exequias de sus compañeros caídos, con independencia de sus creencias.


- La IC recibió 252,6 millones de euros por el ejercicio fiscal de 2008 a través de la X del impreso del IRPF, pero organizaciones católicas como Manos Unidas o Cáritas, además, reciben dinero proveniente de la casilla "otros fines sociales" y de los Fondos de Cooperación Internacional, con lo que estarían siendo financiadas por partida doble vía impuestos.


- El actual Concordato exime a los obispos del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por los centros dedicados o relacionados con la predicación de creencias religiosas. 

- En las tomas de posesión de miembros del gobierno están presentes símbolos religiosos como el crucifijo y la biblia, algo en contra de lo dictado por  el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 1999, y que confunde un acto público, cívico e ideológicamente neutral en algo ligado a la religión. Y en contra del no alineamiento del Estado con confesión religiosa alguna.

-  Tanto la Dirección General de Asuntos Religiosos, como la Agencia de Protección de Datos y la Audiencia Nacional consideran que el la Iglesia Católica no posee ficheros de datos de sus miembros (las asignaciones del Estado a las iglesias no se conceden en base a una relación de miembros de las mismas). Sin embargo el Libro de Bautismo ha sido considerado por la Audiencia Nacional como un fichero, y en consecuencia es procedente la cancelación de los mismos, aunque también concluye que están amparados por los Acuerdos con el Vaticano y que es suficiente la cancelación mediante la inscripción marginal en el acta de bautismo, sin que los datos sean eliminados.

- La reciente visita del papa Benedicta ha sido sufragada en gran parte por el erario público español. Dada su calidad de jefe del estado vaticano se puede permitir viajar a costa del país que visita para realizar su labor apostólica, esto es, para hacer propaganda de su fe, aunque ni el 35% de sus contribuyentes decidan marcar la X de la IC en su impreso del IRPF. La última visita a Madrid le costó al estado español 5 millones de euros en plena crisis económica.


- El gobierno español retiró recientemente su proyecto de ley de libertad religiosa. La versión oficial es que no hay consenso parlamentario, pero lo cierto es que en materia de religión el gobierno socialista hace tiempo que renunció a plantear con valentía cualquier reto relacionado con el avance del laicismo. Muy al contrario, ha mantenido a la IC sus privilegios jurídicos, económicos, tributarios (salvo aquellos que le han sido retirados por obligación de la UE)  y en materia de enseñanza y servicios sociales, e incluso ha incrementado su financiación a través de los impuestos.


Por todo ello, los ateos tenemos todo el derecho a exigir que el estado elimine de una vez por todas los privilegios con que sigue premiando a la IC. Y que estos nunca se extiendan a otras confesiones. Cada uno es libre de elegir las creencias que estime más oportunas, pero las instituciones públicas no tienen derecho a privilegiar a unas sobre otras y a condicionar el devenir social del país a una serie de prebendas y exenciones heredadas de regímenes de nulo cariz democrático.